La Corte Suprema de Justicia consideró tácitamente vencido el “plazo razonable” otorgado al poder político para establecer un mecanismo automático de actualización de las jubilaciones, y amenaza con elaborar su propio índice para indicarle al gobierno cómo deberá ajustar los haberes de la clase pasiva.
Así lo informaron fuentes del alto tribunal, que recordaron que desde que fue firmado el denominado “fallo Badaro”, en agosto de 2006, ya pasó un año y ni el Congreso ni el Ejecutivo definieron un mecanismo de ajuste de haberes que garantice la movilidad.
El fallo Badaro, dictado a partir de la demanda de un jubilado contra la ley de solidaridad previsional dictada durante la gestión de Domingo Cavallo como ministro de Economía, reivindicó la movilidad de las jubilaciones pero dejó librado al poder político la determinación de un mecanismo para las actualizaciones, que debía surgir en un “plazo razonable”.
Por aquel entonces, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, había deslizado que tal plazo podría ser en setiembre del año pasado, cuando debía ingresar al Congreso el proyecto de presupuesto para el año siguiente.
Ello no ocurrió y en acuerdos recientes del máximo tribunal el tema fue analizado reiteradamente, hasta que los jueces se comprometieron a buscar un índice de actualización que sea acorde a lo que establece la Constitución en cuanto a movilidad de salario y, a la vez, no implique un riesgo para las cuentas estatales.
“Desde la Corte se les dijo cómo debían ser las cosas, pero no cumplieron con la recomendación, y la Corte no puede permanecer ajena a esta situación sobre la que ya se pronunció, si ellos (Ejecutivo y legisladores) no definen cómo se ajustan los haberes, lo haremos nosotros”, dijo la fuente.
